MZC trabaja en Marruecos desde el año 2008, en estos años nuestro trabajo se ha centrado en tres líneas fundamentales: Gobernanza democrática, fortalecimiento del sistema público de educación y desarrollo de las capacidades productivas endógenas. Estas tres líneas se ha llevado a cabo atendiendo a la perspectiva de género y con un enfoque de derechos; en ese sentido nuestras acciones han sido dirigidas a la consecución de la igualdad de oportunidades y de la justicia social.
Pese a los avances logrados en Marruecos en la última década en materia de derechos, en reducción de la pobreza y la pobreza extrema, en crecimiento económico y en materia de igualdad, aún existen grandes desigualdades de ingresos, una alta incidencia de la pobreza y una expansión de la economía informal, siendo en mayor medida las mujeres y las niñas las que ven limitadas sus oportunidades, pues aunque a nivel de igualdad formal Marruecos tiene un cuerpo jurídico de protección de los derechos de las mujeres, la praxis es bien distinta, especialmente por primar el derecho consuetudinario en muchas ocasiones: tradiciones y costumbres que relegan a las mujeres a los puestos de cola.
Marruecos ha contraído diversos compromisos en materia de derechos, incluyendo la salvaguarda de los derechos de las mujeres, a través de la firma de una serie de instrumentos internacionales. Entre estos, cabe destacar, la CEDAW, sobre la cual levantó el gobierno las reservas en el año 2009, el compromiso que surge a partir de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, donde los Estados se comprometieron a buscar mecanismos y herramientas para mejorar la situación y el cumplimiento de los derechos humanos al interior de los Estados.
Mujeres en Zona de Conflicto mantienen el compromiso de trabajar a favor de los derechos de la población marroquí, promoviendo estrategias de capacitación para el ejercicio del liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil y su interlocución con las administraciones locales, que garantice la igualdad de hecho y de derecho como fundamento para la consecución de un desarrollo humano sostenible.